Axe Ceremonia; Fiscalía adelanta posibles responsables y familiares alzan la voz: “Hicieron de todo para frenar la justicia”
El Festival AXE Ceremonia se jactó históricamente de ser un bastión de la diversidad y el progresismo cultural. Sin embargo, tras esa fachada de inclusión y vanguardia sonora, se gestó una tragedia que desnudó la precariedad de los protocolos de seguridad y la alarmante desfachatez de la ética empresarial en México.
Lo que el 5 de abril de 2025 debió ser una celebración de la identidad, terminó siendo una lección de negligencia corporativa: el aniversario no trajo júbilo, sino el recordatorio de que en la industria del entretenimiento nacional, la vida humana suele pesar menos que el patrocinio de una marca.
Aquella mañana de sábado, Miguel Ángel Rojas Hernández, un fotoperiodista de 26 años con el rigor de cinco coberturas semanales en la mirada, descansaba profundamente en su habitación. Su hermana, Diana Laura, lo observó desde el umbral con un impulso inusual de abrazarlo, un afecto que el pudor de la rutina postergó para siempre.
A las 17:45 horas, mientras Meme del Real entonaba la irónica promesa de “Todo va a estar bien”, la realidad se fragmentó. Una grúa de 250 kilos (tipo genie lift o plataforma de tijera), cuya instalación no fue autorizada y que estaba diseñada exclusivamente para interiores, colapsó ante ráfagas de viento sobre la zona de baños y prensa.
El estruendo del colapso y el súbito silencio sepulcral que le siguió marcaron el quiebre de la confianza entre el público y los grandes promotores. Tras el polvo de la estructura de 250 kilos, no solo quedaron los cuerpos de Miguel y de Citlali Berenice Giles Rivera; quedó expuesta una arquitectura de omisiones que, un año después, sigue blindada por el capital.
Retrospectiva de una tragedia: Negligencia institucional y amedrentamiento
El reportaje original, “AXE Ceremonia: Festival de la diversidad marcado por la tragedia e insensibilidad” (publicada en el periódico La Crónica de Hoy), fue el testimonio primario de una violencia institucional orquestada para proteger el negocio. Mientras los servicios médicos y periciales confirmaban los decesos de Berenice (28 años) y Miguel Ángel, los organizadores operaban bajo una frialdad algorítmica.
La “insensibilidad” no fue un error de relaciones públicas, sino una estrategia deliberada de continuidad de negocio:
- La mentira oficial: Los comunicados iniciales hablaron de “lesionados” cuando las víctimas ya habían ingresado sin signos vitales al Hospital Rubén Leñero tras recibir RCP en el sitio.
- Negligencia institucional: La revelación más cruda provino de la propia autoridad. Karla Karina Mayen Arvide, de Protección Civil de la Alcaldía Miguel Hidalgo, respondió vía WhatsApp ante la alerta de emergencia que las víctimas “no se encontraban de prioridad”, una sentencia de muerte administrativa mientras los fotógrafos agonizaban.
- Amedrentamiento: Mientras el SEMEFO retiraba los cuerpos —presencia que el festival intentó negar cínicamente a la prensa—, elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) sometieron y expulsaron a periodistas que buscaban la verdad (incluido el autor de este texto, quien entonces trabajaba para el periódico La Crónica de Hoy), amenazándolos con un “mejor baja las manos antes de que te pase algo”, para que después uno sea lastimado con violencia.
El show de Parcels, Natanael Cano y Charli XCX continuó mientras las redes sociales del festival publicaban mensajes triviales sobre “chamarritas para el frío”. El contrato y la taquilla prevalecieron sobre la preservación de una escena del crimen.
El Anticoncierto: Un mitin de resistencia en el Parque Bicentenario
Este domingo 5 de abril del 2026, familiares, artistas y periodistas realizaron un “anticoncierto” frente al Parque Bicentenario para conmemorar un año del fallecimiento de Berenice Giles y Miguel Rojas. La movilización tiene como eje central la exigencia de justicia ante la parálisis del caso judicial derivado del accidente en el festival AXE Ceremonia.
Graciela Hernández y Miguel Ángel Rojas, padres de Miguel, rompieron el silencio institucional con un pronunciamiento que exigía la audiencia inicial, esa que el laberinto legal ha postergado durante doce meses. El mitin demostró que, frente a la desmemoria corporativa, el duelo se ha transformado en un propósito político irrenunciable: el entretenimiento no puede ser “normal” sobre un suelo que aún reclama justicia.
Especialmente el evento instó a preservar la memoria de las víctimas: “Hace un año, el 5 de abril mi hermano y Bere perdieron la vida. Ha sido un año muy complicado, este dolor se convirtió en un propósito y buscamos que no haya sido en vano. Mejor convertir el duelo en algo con propósito y que ayude a que esto no se vuelva a repetir”, dijo en un momento a la televisora N+, Diana Rojas, hermana de Miguel Ángel Rojas.
“Convocamos a un anticoncierto en memoria de Migue, pero también es una exigencia de justicia por condiciones dignas para fotoperiodistas. Este evento es para honrar la vida de Miguel y Bere porque su vida era la música, la fotografía y el arte”, añadió.
Voces del vacío: La denuncia familiar frente a la lentitud de la justicia
La medida de la tragedia no está en el grosor del expediente 853/2025, sino en el silencio de las casas de las víctimas. Las familias denuncian una “violencia institucional” sistémica: Las familias critican que, en las audiencias de omisiones, las empresas imputadas han actuado como “perseguidoras” de las víctimas, con la venia de una Fiscalía que parece pavimentar el camino hacia el no ejercicio de la acción penal.
Diana hizo énfasis en el momento en que vio a su hermano por última vez en un momento que tocó fibras emocionales profundas: “Hace un año era un sábado con normalidad aparentemente. Migue esa semana cubrió como cinco eventos y se preparó mucho para ese sábado cinco de abril”, dijo.
“La mañana de ese sábado recuerdo que iba a ir a trabajar, lo fui a ver a su cuarto y estaba muy dormido, no lo desperté porque sabía que había tenido una semana muy cansada- Les juro que en ese momento sentí muchas ganas de abrazarlo, algo que era raro porque aunque él y yo nos queríamos mucho, éramos hermanos de esos que como que no hay contacto físico para demostrarse amor”, añadió en el estrado para el memorial de un año.
“Era periodista y murió trabajando, eso debería sacudir a todo el país“
Pero fue el momento de sus papás los más emotivos y motivantes para seguir en la búsqueda de justicia: “Hace un año mi hijo salió a trabajar y no regresó. Esto es algo que ningún padre debería de vivir y sin embargo aquí estamos. Lo más difícil de este año ha sido su ausencia, llegar a casa y no verlo entrar, no escucharlo, no compartir lo cotidiano”, expresó Miguel Rojas, papá de la víctima.
“Ese vacío no se llena. Pero yo lo veo muy claro, lo que pasó no fue un accidente, fue el resultado de decisiones, de omisiones, de una cadena de errores que nunca debieron ocurrir y esas decisiones tienen responsables. Lo que más me duele de este proceso es lo lento que va. Era periodista y murió trabajando, eso debería sacudir a todo el país”, dijo.
“No sé si te agrade o no te agrade lo que estamos haciendo pero estoy segura que sí, porque a ti te gustaba ser justo”, dice su mamá Graciela Hernández.
El laberinto legal
La justicia en México es un laberinto diseñado para favorecer al que posee la nómina más larga de abogados. El entramado corporativo del AXE Ceremonia es un ejemplo de manual de cómo las empresas “espejo” diluyen responsabilidades.
El escenario jurídico actual es una simbiosis de impunidad: “Una parte de los responsables hicieron de todo para frenar la justicia, desgastarnos, frustrarnos y para que nosotros en algún momento digamos ‘ya, basta’ y vámonos por el acuerdo repertorio económico”, dijo Diana Rojas, hermana de Miguel Ángel, a N+.
En un inicio la Fiscalía de la Ciudad de México responsabilizó únicamente a los trabajadores que colocaron las grúas en el Parque Bicentenario por órdenes de los organizadores, lo que fue rechazado por la familia de Miguel.
“De cuatro imputados que tenían en mayo cuando ellos ingresaron a nuestra representación, y en julio, más o menos en dos meses, hicieron un trabajo muy fuerte y muy pesado de la mano de la Fiscalía para que se ampliara a las 11 personas responsables que tenemos hoy”, dijo Diana.
“Tenemos a 11 posibles responsables”
Los defensores denuncian que la empresa que administraba el Parque Bicentenario llamada Operadora Eclectic, ha promovido alrededor de 15 amparos para evitar que el proceso avance, bajo el argumento de que no participó en la organización.
Hasta el momento, la Fiscalía ha fincado responsabilidades contra tres empresas clave en la organización del festival: Operadora Eclectic (administradora del Parque Bicentenario), La Agencia de los Socios S.A.P.I. de CV (organizadora del evento) y Obra Negra Producciones Creativas (encargada de producción y ambientación).
A la par de las entidades morales, ocho personas físicas han sido imputadas en el caso; siete de ellas ocupan cargos de alta jerarquía como accionistas, apoderados y administradores de dichas compañías, mientras que la octava señalada es la responsable de Protección Civil del evento, María del Pilar “N”.
El entramado de los Mc Phail Trouyet
Se ha identificado que Operadora de Proyectos NLP (que perdió la concesión del parque tras la orden de la presidenta Claudia Sheinbaum) y Operadora Eclectic (imputada por el Programa Especial de Protección Civil) son empresas hermanas propiedad de Charles y George Mc Phail Trouyet. Esta duplicidad permite que una empresa asuma el castigo administrativo mientras la otra litiga la impunidad.
Es decir, la estructura corporativa detrás del Parque Bicentenario revela una red de empresas entrelazadas. Constituida en 2015 por Xóchitl Flores Rodales y Charles Mc Phail Trouyet, la firma Operadora de Proyectos de Entretenimiento NLP integró en 2020 a dos nuevas accionistas: Eclectic S. de RL de C.V. y Controladora Empresarial MT S.A. de C.V. Detrás de este esquema figuran los hermanos Charles Edward y George Mc Phail Trouyet, quienes se reparten las mayorías accionarias de ambas controladoras, consolidando el mando del recinto.
Sobre esto, Diana Laura Rojas Hernández, hermana de Miguel Ángel, expresó: “si una empresa administra un recinto abierto al público, también administra la seguridad de quienes entran a él”.
La estrategia de desgaste procesal
Edwin Alan Piñón González, representante legal de la familia Rojas Hernández, denunció que se han interpuesto más de 25 recursos legales (sólo Operadora Eclectic ha promovido 15 amparos) con el fin de obstaculizar el inicio del proceso y evitar la vinculación de las empresas y personas implicadas.
Según el abogado, lograr que se procese a las compañías organizadoras del festival AXE Ceremonia marcaría un hito jurídico en el país, ya que no existen registros de empresas promotoras de eventos musicales que hayan sido imputadas anteriormente.
En entrevista para El Universal, Piñón González subrayó que han solicitado formalmente que se extienda la investigación a Ocesa y Seguridad Privada Lobo, corporaciones que la familia de Berenice señala como responsables, pero que aún no figuran en la lista oficial de imputados.
“Para nosotros es un paso fundamental en la justicia y en la lucha de Miguel, pero también en el país. No hay un antecedente de empresas imputadas, digamos, organizadoras de festivales de música”, dijo.
El factor OCESA y Seguridad Privada LOBO
Hace unos meses, la defensa de la familia Giles impulsó un amparo con el objetivo de frenar el proceso judicial y obligar a la Fiscalía capitalina a reiniciar las investigaciones. El propósito central era determinar la posible corresponsabilidad de las empresas OCESA y LOBO en la instalación irregular de las estructuras metálicas.
Tras una audiencia de omisiones, la familia obtuvo una suspensión definitiva que impide al juez de control, José Luis Palacios Fernández, celebrar la audiencia inicial hasta que se resuelvan estos cabos sueltos en la indagatoria.
Fabián Victoria, representante legal de la familia Giles Rivera, confirmó la interposición de diversos recursos jurídicos para frenar la celebración de la audiencia inicial.
El litigante explicó que su estrategia busca obligar al Ministerio Público a incluir en la imputación a las empresas Ocesa y Seguridad Privada Lobo, señalándolas como piezas clave en la responsabilidad del siniestro.
“Ha sido tanta la violencia institucional, la denegación de justicia y el encumbramiento que las autoridades han realizado a favor de Ocesa y Seguridad Privada Lobo que nos han obligado a tramitar múltiples recursos, recursos que se han tramitado en el Poder judicial Federal, en el Tribunal de Disciplina Judicial, en la Fiscalía de Servidores Públicos de la Fiscalía capitalina, en el órgano Interno de Control de la Fiscalía capitalina, en la Unidad de Asuntos Internos de la Fiscalía capitalina, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México”, sentenció para El Universal.
Amparo por parte de Ocesa
En un giro procesal, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal de la CDMX dictó el sobreseimiento del amparo promovido por Ocesa, el cual buscaba retirar a la empresa de la lista de imputados por la muerte de Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
La resolución ocurrió después de que la propia compañía decidiera desistirse del juicio, renunciando voluntariamente a continuar con la protección constitucional bajo el expediente 68/2026. Al confirmarse esta voluntad, el juez declaró el “sobreseimiento fuera de audiencia”, lo que reactiva la calidad de la empresa en la investigación del caso Axe Ceremonia.
Tras meses de resistencia y amparos fallidos, la Fiscalía finalmente les otorgó calidad de imputados, pero la defensa de la familia Giles advierte sobre el riesgo de un “desglose de la carpeta de investigación”. Esta maniobra procesal busca fragmentar el caso para que los directivos de los grandes corporativos queden aislados de la responsabilidad física del colapso, garantizando que el castigo recaiga solo en los eslabones más débiles de la cadena de mando.
“Se busca proteger y encubrir a estas dos empresas”
“Se busca proteger y encubrir a estas dos empresas para fragmentar el hecho y la teoría del caso de la familia Giles Rivera, si eso llegara a ocurrir, de llevar adelante un desglose para estas dos empresas, lo que sucedería es que se podrían ir a dormir muy tranquilas a su casa, con la garantía de que nunca van a ser condenadas ni sentenciadas por un juez penal de la Ciudad de México”, dijo el abogado.
Además, el proceso judicial ha tomado un matiz de confrontación interna entre las familias de las víctimas. La defensa de Miguel Ángel Rojas descalificó los amparos promovidos por los deudos de Berenice Giles, señalando una presunta colusión entre los asesores de estos últimos y la empresa Operadora Eclectic S.A. de C.V.
Según los abogados de la familia Rojas, existen coincidencias “sustanciales” en los argumentos legales, las solicitudes y los tiempos de presentación entre la defensa de los Giles y la compañía administradora del parque. Entre las anomalías detectadas, destacan escritos y amparos ingresados en fechas casi idénticas que buscan un objetivo común: evitar que se impute a Operadora Eclectic y frenar la celebración de la audiencia inicial.
Sin embargo, a decir de la representación legal de la familia Giles, ellos sí han denunciado a la Operadora Eclectic, y en ningún momento le han solicitado a la FGJCDMX que se evite su imputación.
El borrado digital: Diego Jiménez Labora, Grupo ECO y la evasión de responsabilidad
Como parte de la ruta legal para deslindar responsabilidades, la familia Giles exigió formalmente la comparecencia de Diego Jiménez Labora, fundador del festival, junto a otros accionistas clave vinculados a Grupo ECO. El objetivo de esta demanda es esclarecer las presuntas negligencias que provocaron la tragedia.
Asimismo, los deudos solicitaron que los directivos con poder de decisión rindan testimonio para explicar la estructura interna de las compañías, sus mecanismos de supervisión y si efectivamente contaban con protocolos vigentes de prevención de riesgos y seguridad.
Tras las graves acusaciones de la familia Giles sobre una presunta filtración de información desde la Fiscalía capitalina hacia OCESA y Seguridad LOBO —lo que habría permitido a ambas empresas ampararse días antes de ser imputadas—, la promotora ECO LIVE rompió el silencio.
El corporativo perteneciente a Grupo ECO asumió formalmente la responsabilidad por el accidente ocurrido en el festival. A través de un comunicado, la empresa sostuvo que desde el 5 de abril de 2025 ha mantenido una colaboración “transparente y constante” con las autoridades, entregando oportunamente la información requerida y manteniendo canales de diálogo con los familiares de las víctimas.
¿Silencio por respeto a las víctimas?
“Decidimos mantener silencio público durante estos meses, por respeto a ellas y al proceso de investigación”, dijo el corporativo.
“Hemos manifestado en todo momento nuestra plena disposición para alcanzar un acuerdo que armonice los deseos de las familias con lo establecido por la Ley, NO pretendemos entorpecer el proceso, por el contrario, estamos a favor de que avance, entendiendo que llegar a una resolución requiere sensibilidad, escucha y empatía, refrendamos nuestro compromiso para lograrlo”, dijo la operadora.
A través de un análisis de fuentes abiertas y registros oficiales, se ha podido trazar el vínculo directo entre la cúpula directiva y las empresas implicadas. Según su perfil profesional en LinkedIn, Diego Jiménez Labora figura como el fundador de Grupo Eco, el corporativo detrás del festival Axe Ceremonia.
Un hallazgo relevante es que el sitio web del grupo solía incluir a Obra Negra —firma encargada de la logística y la instalación de las grúas que colapsaron— como parte de su “ecosistema de marcas”; sin embargo, dicha información fue eliminada del portal tras el siniestro.
La familia exige la comparecencia del fundador de Grupo ECO. Tras la tragedia, se documentó un intento de “borrado de rastro digital” para desvincular a la marca Obra Negra —responsable de las grúas fatales— del ecosistema de Grupo ECO, a pesar de que los registros de propiedad confirman el vínculo directo.
La postura de la Fiscalía: Entre imputaciones y el clamor por la audiencia inicial
Según la Fiscalía capitalina (FGJ-CDMX), el expediente está listo para formalizar la acusación. No obstante, el proceso se ha frenado porque los abogados de una de las familias afectadas interpusieron recursos legales; su intención es postergar la audiencia inicial para conseguir que la imputación se extienda también a otras compañías involucradas.
“Esta fiscalía tiene los elementos para imputar y va a ser muy objetiva, tampoco vamos a dejarnos presionar. Nosotros tenemos la información suficiente, identificadas las empresas, las personas que participaron”, aclaró la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, el 23 de marzo pasado, durante su informe mensual y lo citó este fin de semana el periódico El Universal en una nota conmemorativa de la tragedia.
Se afirmó que ya existen pruebas suficientes para señalar la responsabilidad penal de diversas compañías e individuos en el fallecimiento de Berenice y Miguel. La estrategia legal contempla dos vertientes: primero, contra quienes instalaron la grúa que colapsó, y en una segunda instancia, contra aquellos que pudieron incurrir en omisiones graves de seguridad.
Sin embargo, para la fiscalía no hay elementos para imputar a más empresas. “Consideran que hay otras empresas que están involucradas, empresas que a parecer de la fiscalía, no obstante ya tienen la calidad de investigados, no hay información que nos permitan realizar imputaciones”.
Fiscalía reacciona ante la presión: Tenemos a posibles responsables
La mañana de este lunes 6 de abril, Bertha Alcalde Luján ofreció una conferencia en conferencia de prensa en representación de la Fiscalía de la CDMX. Reproducimos textual la cita de su declaración:
“Decir que esta Fiscalía, desde el primer momento, realizó una investigación muy rigurosa, en lo que tiene que ver con los distintos tipos de responsabilidades que pudieron haber habido, relacionados con la caída, si se recuerda, de esta grúa en el festival, lo que derivó en la terrible pérdida de la vida de dos fotoperiodistas”.
“En estos casos, desde hace meses la Fiscalía solicitó audiencia inicial para lograr la imputación de diversas personas físicas y morales. Nuestra investigación arrojó posible responsabilidad, tanto de la empresa que tuvo a cargo la supervisión, por ejemplo, del Plan de Protección Civil, empresa que elaboró el Plan de Protección Civil y la persona responsable en supervisarlo; la empresa que organizó el festival y contrató la instalación de la grúa, así como la empresa que instaló materialmente la grúa”.
“La asesoría jurídica de una de las víctimas, ha solicitado el diferimiento de la audiencia”
“Es decir, distintos tipos de responsabilidades. Se ha intentado formular imputación en audiencia inicial; no obstante, la asesoría jurídica de una de las víctimas, ha solicitado de manera recurrente, el diferimiento de la audiencia”.
“Entendemos que están revisando, que ellos han dicho, entre otras cosas, se les ha otorgado los mecanismos de mediación, para lograr un acuerdo reparatorio, que es una de las vías que permite el derecho penal en estos casos de homicidio culposo; pero hay descontento de una de las víctimas, quienes han incluso presentado una denuncia en contra de asesores jurídicos, por estar retrasando la justicia en estos casos”.
“Esta Fiscalía tiene todos los elementos para continuar con el proceso penal, poder lograr la vinculación a proceso, de los probables responsables y atender —muy importante— a la voluntad de las víctimas, en cuanto a la forma de terminación de estos conflictos”.
“No aceptamos carpetas de investigación empolvadas ni promesas vacías”
Para la familia de Miguel Ángel la prioridad, a un año de la tragedia, es que la audiencia inicial se lleve a cabo, precisó Diana, hermana del fotógrafo.
“Nuestra prioridad para seguir en este camino y en este proceso, tanto legal como de duelo personal, es importante (…) que la audiencia inicial ya se pueda realizar, venimos peleando desde agosto que la solicitamos”, dijo al aclarar que para su familia la justicia sería la no repetición, la reparación simbólica y una indemnización.
“Nosotros queremos que la Ley General de Víctimas se haga valer 100%, que no nada más se reduzca a una cantidad millonaria porque lo hemos dicho: si fuera por dinero, si el dinero nos regresara a Miguel, qué mejor, pero ninguna cantidad nos lo va regresar ni ninguna cantidad equipara lo que valía y lo bonito que era como persona”.
“Exigimos el esclarecimiento total del caso de Miguel Ángel Rojas Hernández. No aceptamos carpetas de investigación empolvadas ni promesas vacías. No más recursos para dilatar la audiencia inicial. La memoria de Migue no solo es un recuerdo, es un mandato: ¡Castigo a los responsables ya! ¡Justicia!”, dijo Diana en el mitin.
Blindar la lente: Exigencias legislativas para la seguridad periodística
El 17 de marzo de 2026, la tragedia se transformó en propuesta legislativa. Con el fin de garantizar la integridad de los reporteros, la familia Rojas Hernández presentó el pasado 17 de marzo una iniciativa ante el Poder Legislativo.
La propuesta de ley busca que los periodistas que cubren festivales masivos cuenten con seguros obligatorios y protocolos de seguridad especializados. Además, el proyecto exige que los organizadores asuman una responsabilidad jurídica clara sobre las condiciones en las que la prensa desempeña su labor en estos eventos.
“En su momento todos se pronunciaron pero en la práctica nada ha cambiado, incluso pensamos que ha empeorado”, dice Diana porque las empresas organizadoras de festivales no han mejorado sus protocolos de seguridad y obligan a los asistentes y fotógrafos a firmar cartas para deslindarse de cualquier responsabilidad.
Los pilares de esta exigencia son:
- Seguros de vida obligatorios y protocolos de seguridad específicos para prensa.
- Responsabilidad solidaria de los organizadores sobre las condiciones laborales, prohibiendo las “cartas de deslinde” que las empresas obligan a firmar para evadir consecuencias legales.
- Fin de la precarización: Garantizar que la libertad de expresión no sea vulnerada por la falta de condiciones dignas en campo.
“Sin condiciones dignas no hay libertad de expresión. Los fotoperiodistas no somos mártires, somos trabajadores. Exigimos a las empresas del entretenimiento garantías reales, salarios justos, seguros de vida y equipos de protección. Arriesgar la vida por una imagen no debe ser parte del contrato. Exigimos libertad laboral para quienes capturan la realidad”, se leyó este domingo durante el mitin en el Parque Bicentenario.
“La imagen es testimonio, no un blanco de ataque. Condenamos la criminalización y la violencia contra nuestros colegas en campo. Capturar la verdad no es un delito: Advertimos a las autoridades que cada lente que intenten romper, cada colega que intenten silenciar, encontrará en esta colectiva una red de resistencia. Si tocan a uno respondemos todos”, dijo otro participante.
Memoria, academia y la promesa de erradicar la impunidad corporativa
Mientras los tribunales operan con lentitud burocrática, la academia mantiene viva la llama. El pasado 24 de marzo se inauguró en la FES Aragón una muestra fotográfica que rinde homenaje al talento profesional de Berenice y Miguel, recordándonos que eran artistas de la lente y no simples “lesionados” en un reporte de Protección Civil.
Un año después, la conclusión es demoledora. La Fiscalía de la Ciudad de México y la Alcaldía Miguel Hidalgo han fallado en su deber de supervisión y justicia.
A un año de la tragedia ocurrida en el Festival AXE Ceremonia, el Parque Bicentenario ha retomado su dinámica habitual, operando actualmente como un espacio de convivencia familiar bajo vigilancia constante.
Tras el incidente, el recinto permaneció clausurado por al menos diez días; sin embargo, el cambio más significativo ocurrió el 23 de mayo de 2025, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la revocación de la concesión a la empresa Operadora de Proyectos NLP, trasladando la administración y resguardo del parque a la Secretaría de Cultura.
“No debe haber impunidad”: Recordemos a Sheinbaum
De hecho, ante la tragedia ocurrida en el Festival AXE Ceremonia, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció una revisión exhaustiva de la concesión del Parque Bicentenario. Tras expresar su solidaridad con los familiares, la mandataria instruyó a la Sedatu para analizar las condiciones legales del contrato y determinar la factibilidad de su revocación.
“No debe haber impunidad; más allá de tratarse de un accidente, es imperativo investigar las condiciones en las que fue instalado el equipo que colapsó”, sentenció durante su conferencia matutina hace un año cuando se enteró de la tragedia.
Lo mismo ocurrió con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, quien emitió un pronunciamiento oficial respecto al fallecimiento de los fotoperiodistas Berenice Giles y Miguel Ángel Rojas.
Durante su mensaje, la mandataria capitalina subrayó que en este caso existen “responsabilidades directas e ineludibles” que no pueden ser ignoradas. Brugada aseguró que la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX) tiene la instrucción de realizar una investigación “objetiva y profunda”: “Todas las demás responsabilidades de todo el proceso, la Fiscalía es la responsable de investigar, pero es obvio que ahí pasaron cosas que no podemos dejar que haya impunidad”.
“Hay empresas que siguen ganando dinero“
La industria de los festivales sigue en deuda. No se debe permitir que la justicia sea una “carpeta empolvada” mientras los responsables directos, desde los hermanos Mc Phail Trouyet hasta Diego Jiménez Labora, sigan operando bajo el amparo de la opacidad corporativa. La memoria de Migue y Bere es, hoy más que nunca, un mandato de resistencia. La verdad no se negocia, y la impunidad tiene fecha de caducidad.
Ahí quedan las palabras de Graciela Hernández, madre de Miguel Ángel, quien expuso que su hijo no murió por una casualidad o un accidente: “Miguel murió porque alguien decidió que la seguridad podía esperar, porque alguien pensó que nada iba a pasar, porque se privilegió el dinero antes que la vida y eso como madre no lo puedo aceptar, y no lo voy a aceptar”.
Precisó que no va a permitir que esto se cierre con silencio o que se quiera comprar el dolor de una madre.
“A un año de su muerte no hay justicia. Nos han tratado bien, sí, pero la judicialización no ha llegado; eso duele y también indigna, indigna ver cómo se atrasa el proceso, cómo se presentan recursos para retrasar la audiencia. Indigna saber que mientras nosotros seguimos con este dolor todos los días, hay empresas que siguen ganando dinero y que siguen actuando como si no tuvieran responsabilidad”, aseveró.
